13 de enero de 2016

La Ruptura y el nuevo momento político


Han pasado algo más de 11 años desde que la Ruptura de los 25 apareciera públicamente en el país. En ese momento llevábamos casi una década de inestabilidad política, crisis institucional y una gran desconfianza en la política y los políticos –una buena parte de ella relaciona aún a la gran cris financiera del año 99-. Irrumpimos preguntando ¿Quién jodió al país? … y ¿Qué harías tu para cambiar al Ecuador?

Convencidos de la necesidad de participar en la política, decidimos formar una organización seria, más allá de los caudillos o dueños de partido. En ese entonces nuestro país, el Ecuador del 2006, debía elegir presidente entre un magnate bananero y un joven tecnócrata, al cual no apoyamos en primera vuelta; pero ante la encrucijada, tomamos posición y respaldamos su candidatura.

Colaboramos con el gobierno de Rafael Correa, participamos activamente en la elaboración de la Constitución de Montecristi, apoyamos en distintos espacios de acción política y de gestión; procesamos –en público y en privado- diferencias de principios, de decisiones, de programa. siempre dijimos lo que pensamos, lo hicimos orgánicamente, creyendo que las construcciones colectivas son en esencia más importantes que las individuales. Retiramos nuestro apoyo al oficialismo en el 2011 y renunciamos a todos los cargos de designación, cuando las diferencias ideológicas marcaron un punto de quiebre respecto a la democracia y el papel del Estado: nos alejamos cuando el gobierno propuso la primera reforma de la Constitución que había jurado cumplir y defender. Lo hizo para “meterle las manos a la justicia”, lo que para nosotros anticipaba no sólo una gran afectación a una ya débil institucionalidad democrática sino también un mensaje de impunidad para unos y la amenaza de persecución para otros. Con la victoria estrecha del sí, el gobierno convirtió las dudas en realidad. Ese fue el momento de quiebre irreversible del gobierno eliminando límites al poder y abusando de él. No podíamos participar en esa forma de hacer política.

El 2012, luego de superar las trabas del Consejo Nacional Electoral, logramos registrarnos como organización política nacional, nos presentamos como opción electoral en el 2013 en 14 provincias del país, los resultados fueron el reflejo de un país polarizado en el que no había lugar para los matices, pero que no nos quitaba el sueño de seguir creyendo que otros momentos llegarían para que nuestras propuestas tuviesen cabida y respaldo ciudadano.

El año 2014 el CNE de manera inconstitucional e ilegal nos disolvió y arrebató el registro electoral. El caso ha sido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un día se establecerán responsabilidades y responsables también de ese abuso.

No intentaremos reinscribir el movimiento aunque, tras una profunda reflexión hemos  decidido continuar en la actividad política. Hoy cerramos un capítulo de nuestra acción política para abrir otro que se corresponda con un momento y una realidad distintas a la de hace 11 años. Creemos en la necesidad de constituir un frente de mayor amplitud, con valores democráticos sólidos, que vaya más allá de aventuras electorales; que concentre las lecciones de este periodo, que se esfuerce por no seguir repitiendo los ciclos a los que el Ecuador está acostumbrado. El camino no puede ser recurrir a nuevos o viejos caudillos.

Hoy el país es distinto, no es la ausencia del Estado la que recorre sus calles y nuevas carreteras, es su omnipresencia la que nos acompaña. El gobierno nos demostró su incapacidad para administrar la bonanza y el poder, nos fue poniendo entre encrucijada y encrucijada, entre el “bien y el mal”,  y creemos que hay mucho que discutir, que criticar y que rescatar en el espacio que queda entre los extremos.

El mundo, el continente, cambió vertiginosamente esta década, la izquierda tuvo su oportunidad histórica de reconstruir la región, lo que ocurre en Venezuela, Brasil, Nicaragua y el propio Ecuador, nos ha mostrado que hay comportamientos que no dependen de la ideología; que si el poder no tiene límites su ímpetu no se detiene, toma forma de desastre y culmina por reconstruir el pasado en forma de modernidad.


Para quienes hemos construido y pertenecido a la Ruptura de los 25, la organización política nunca fue un fin en sí mismo, siempre fue un mecanismo para la disputa política, para la lucha ideológica, para el debate serio y responsable, enmarcada en los más altos valores democráticos, para disputar y lograr el poder, pero el poder como medio para transformar el país hacia uno mejor para todos y todas. Hoy cerramos el ciclo; nos proponemos reinventar la forma de organizarnos, replantear nuestros programas y propuestas, ser lo suficientemente autocríticos para reconocer que la democracia exige más renunciamientos, y que el país transita por los bordes de una nueva crisis y que para resolverla no se trata de acordar con nuevos o viejos caudillos, hay que lograr un gran acuerdo nacional que nos ayude a aprender de las experiencias para salir definitivamente de estos círculos viciosos a la que la acción política parecería condenarnos. Es en esta construcción que pondremos nuestros esfuerzos en este nuevo momento, ¡esperamos reencontrarnos con quienes hemos compartido sueños y esperanzas y también con muchos nuevos compañeros de camino!

11 de junio de 2015

Para los problemas de la democracia, más (y mejor) democracia

Funcionarios de gobierno, ministros, asambleístas, se han mostrado indignados frente a las protestas de estos días en la ciudad de Quito. Más allá de los temas que se han convertido en el detonante en la capital y otros lugares del país (impuestos confiscatorios que merecen su propio análisis), los dirigentes del movimiento de gobierno no pueden reaccionar con semejante sorpresa cuando han bloqueado sistemáticamente todos los mecanismos institucionales para procesar los conflictos y las diferencias.

La democracia es precisamente la forma de confrontar y procesar pacífica (y racionalmente) los conflictos en una sociedad. Lo que hemos visto en estos últimos años es el intento de imponer una visión reduccionista de la democracia: “somos más”. La democracia asimilada a la regla de mayorías, más la institucionalidad cooptada, cómplice, complaciente.

Es larguísima la lista de ejemplos de herramientas democráticas, legítimas, legales que se han emprendido y que han sido negadas y bloqueadas desde el gobierno: la consulta de los Yasunidos, las distintas iniciativas para llevar a consulta popular el tema de la reelección indefinida, la negativa para la consulta Íntag o al sólo intento de poner en debate lo relativo al Bloque 31; el bloqueo de todos los intentos de emprender un proceso de revocatoria del mandato en contra de los asambleístas de gobierno; la disolución ilegal de partidos políticos; la persecución de organizaciones, dirigentes, observatorios, cuando interponen una denuncia; el acoso a los críticos ya sea a través de la Policía (Caravana Climática), a través de los medios de comunicación o en redes sociales; o simplemente la imposibilidad absoluta de recibir protección por parte de un sistema judicial tomado por el Ejecutivo.

Lo que pasa en estos días no puede mirarse de forma aislada, es exactamente lo que tenía que suceder luego de llevar al extremo el control, la represión, la vigilancia. Es lo que pasa cuando terminan –en la práctica- con las vías institucionales o cuando ya no existe ninguna confianza en ellas. Si nos quitan los recursos judiciales, los medios de comunicación, las organizaciones de sociedad civil, los partidos y movimientos políticos, la consulta popular, la posibilidad de revocatoria del mandato, parecería que sólo queda la calle, y por supuesto que hay que ocuparla, pero no será suficiente para reconstruir las herramientas democráticas que se requieren para que el Ecuador tenga presente y futuro para todos. Vamos a requerir de mucha organización, reflexión, generosidad política; un esfuerzo por pensar en el país y evitar que nos gobiernen las pasiones y los odios, que es precisamente lo que ha llevado al gobierno hasta este punto.

No creemos en la polarización como camino, el gobierno es responsable de este desfogue democrático y sus consecuencias. Los ecuatorianos debemos construir propuestas que superen el oportunismo electoral frente al descontento popular, ahí está el desafío de construir democracia más allá de lo electoral.

23 de abril de 2015

91 golpes a la seguridad social

16 de abril de 2015
en http://www.ruptura25.com/news/2015/4/16/91-golpes-a-la-seguridad-social

Con 91 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó una de las reformas más radicales al sistema de seguridad social ecuatoriano en los últimos setenta años.

Junto con la reforma que propone cubrir la jubilación de las amas de casa –pretensión legítima y justa, muy antigua, pero que no tendrá efecto sino en 20 años - están cambios que afectarán de forma inmediata a los y las trabajadoras del país; en lo principal: el límite al pago de utilidades y la eliminación del 40% del aporte para pensiones jubilares que el Estado realiza hace décadas.

Utilidades

Distribuir utilidades es el mecanismo más concreto para lograr que el trabajo esté por encima del capital, o para ser exactos, un poco más cerca.  Se basa en la idea de que los trabajadores reciban una parte de la ganancia que su esfuerzo produce. Si se pretende que el trabajo importe tanto como el capital, es inexplicable que se limite lo que puede ganar el dueño de la fuerza de trabajo y no el dueño del capital. Es una medida incoherente con los postulados ideológicos del gobierno y regresiva desde el punto de vista de los derechos conquistados por los trabajadores.

El aporte del Estado para las pensiones jubilares

El sistema ecuatoriano de seguridad social es solidario y tripartito; se sostiene sobre los aportes de Estado, empleadores y empleados. Así lo han entendido por décadas administraciones de diferentes tiendas políticas. El presidente Correa y su bancada legislativa han transformado radicalmente el sistema: el Estado abandona su obligación legal sobre montos concretos y la reemplaza por una declaración general; el Estado garantizará el pago de las pensiones. ¿De cuáles? ¿los pagos que deban hacerse mes a mes? ¿Cómo afecta eso el patrimonio del IESS? ¿El fondo que supuestamente se alimentaba con esos recursos?. No contentos con eliminar la obligación legal de pago del 40%, cuestionan la constitucionalidad y legalidad de la obligación que se ha acumulado en los últimos años. Increíble que lo hagan seis años después de la vigencia de la Constitución y habiendo aceptado la obligación de pago durante tantas ocasiones distintas a través de compromisos firmados por los más altos funcionarios del régimen.

El pago de la deuda del Estado al IESS fue uno de los puntos del plan de gobierno de Rafael Correa; los compromisos de pago y los primeros desembolsos se anunciaron como un hito de la Revolución Ciudadana. La medida legislativa tomada en estos días obedece a las urgencias de financiamiento por las que atraviesa el gobierno nacional y lamentablemente no está ligada a un estudio y una planificación integral para el Instituto de Seguridad Social. El presidente Correa se ha pronunciado también sobre la ineficiencia del IESS, nos preguntamos si desvincular al Estado de esta obligación legal de aportar para las jubilaciones, atiende de alguna manera esta realidad. Es imposible que quiénes han administrado el IESS durante los últimos ocho años reconozcan su ineficiencia sin asumir responsabilidad ni ofrecer soluciones.

El Ecuador requiere, en este como en otros temas, debates y soluciones profundas pensadas para el largo plazo. El gobierno vuelve a ponerse en contradicción con las tesis que le dieron origen, arropado con el poder de controlar los distintos órganos del estado, no está dispuesto a escuchar a nadie que no sea su propia voz, siendo capaz incluso de librar una nueva cruzada entre sus propios militantes y seguidores.

Rechazamos esta decisión y sobretodo rechazamos la forma en que se toma, sin debate con los interesados, sin información suficiente y en medio de las urgencias de una inminente dificultad económica, sin estudios actuariales, sin proyecciones confiables para el futuro. Es momento de profunda preocupación que los caminos democráticos e institucionales se vayan haciendo más pequeños, el reto es encontrar en ellos la forma de resistir este momento duro de la democracia.

Nada de desmemoria, de María Paula Romo

A raíz de un artículo de José Hernández, un intercambio de ideas sobre las izquierdas y la relación con el gobierno de Rafael Correa. En el post anterior está la respuesta de Juan Sebastián Roldán, aquí pueden revisar la reacción de María Paula Romo
http://paularomo.blogspot.com/2015/03/nada-de-desmemoria.html

8 de febrero de 2015

El tiempo de mirarnos al espejo


Juan Sebastián Roldán


Después de leer el agudo análisis de José Hernández en su nuevo blog, creo necesario hacer algunas reflexiones sobre el paso de Ruptura 25 por el gobierno de Rafael Correa.

Las provocadoras palabras de José Hernández necesitan respuestas contundentes: Sí, se debe derogar la Ley de Comunicación y buena parte del nuevo Código Penal por ser atentatorios a las libertades, pieza fundamental de una izquierda moderna y libertaria. Se debe derogar la Ley de Seguridad Ciudadana que confunde seguridad con sacar a los militares a las calles o mostrar a los inocentes por culpables; y debe derogarse también la de Incentivos Tributarios que premia a las "grandes" inversiones mineras y no a las iniciativas empresariales serias del Ecuador.

Claro que hay que derogar estas y muchas cosas más. Para nosotros es imprescindible discutir con la sociedad qué era lo que buscábamos y cuál el resultado que hoy podemos ver.

También hay que cuidar a no jugar el juego en el que todos son lo mismo y todos supuestamente jugamos un mismo papel.

Así como el correísmo cree que todos los pelucones, banqueros y empresarios son feroces devoradores de pobres, algunos pelucones, banqueros y empresarios creen que todos los progresistas son feroces devoradores de emprendimientos productivos. Así como el correísmo llegó a poner a los médicos o a los abogados como simples hacedores de dinero; muchos médicos y abogados atacan al progresismo como vertiente directa del comunismo quita hijos.

El Ecuador necesita- y nosotros estamos ávidos de esa discusión- un espacio de diálogo entre los contrarios que de las coincidencias hagan afirmaciones y de las discrepancias espacios abiertos de diálogo.

Esto pide la izquierda progresista, la que ya no solo escucha Inti Ilimani o grita efervescente “venceremos”, la que no conoce el puño izquierdo al aire; sino la que también se encuentra con mayo del 68 y sus domésticas y trascendentales discusiones como la representación real del poder, la que vibró con V de Vendetta o la que cree en la ideología como forma coherente de vida. La que mira a la economía no desde sus extremos, sino desde el centro que representa para la sociedad en conjunto.

Una que ve en las palabras de José Hernández, un espejo inmisericorde en el que hay que mirarse mil veces, en el que hay que encontrar buena parte de las responsabilidades y con el que necesita discutir, a ver si lo malo ha sido tan malo y lo bueno ha sido tan bueno.

Desde nuestra comprensión de la nueva izquierda, creemos en la importancia de lo simbólico, en la necesidad de comprender la sutileza de lo estético, en la potencia de la ética desnuda. Creemos en un progresismo que es capaz de cambiar este país más allá de las generalizaciones.


Queda pendiente la discusión sobre nuestras responsabilidades y aciertos en nuestro paso por el Acuerdo País. Ojalá este intercambio sea el primer paso para hacer público un debate que para nosotros no es nuevo.

11 de diciembre de 2014

A propósito del Congreso Internacional convocado en Quito por el TCE

EL CASO DEL MOVIMIENTO RUPTURA, LISTAS 25 Y LA CUESTIONABLE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL ECUADOR

El 04 de julio de 2014 al Movimiento Ruptura, Listas 25, entre otras organizaciones, le es cancelada su inscripción al Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas, a pesar de que el Artículo 327 numeral 3 del Código de la Democracia no le es aplicable, ya que no son partido político, ni han participado en dos elecciones consecutivas:

Art.327.- El Consejo Nacional Electoral, de oficio o por iniciativa de una organización política, cancela la inscripción de una organización política en los siguientes casos:
3. Si los partidos políticos no obtienen el cuatro por ciento de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a nivel nacional; o, al menos tres representantes a la Asamblea Nacional; o, al menos el ocho por ciento de alcaldías; o, por lo menos un concejal o concejala en cada uno de, al menos, el diez por ciento de los cantones del país. (énfasis añadido)

Esta ilegal decisión, fue conocida por el referido movimiento político, en primera instancia, vía la red social twitter, más no por una notificación oficial. El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantuvo su decisión a pesar de las argumentaciones presentadas disponiendo una sanción no prevista por la ley y sin dar la oportunidad a la agrupación de ser oídos de manera previa y en igualdad de derechos para poder garantizar el derecho la defensa y el debido proceso.

El CNE justificó su decisión en una aplicación por analogía (pues no existe ninguna norma legal que permita la aplicación de tal sanción) del numeral 3 del citado artículo a los movimientos políticos, aduciendo que de lo contrario “generaría una situación de inequidad frente a los partidos políticos […] situación que atentaría contra los principios de equidad e igualdad, principios rectores para el derecho electoral y la función electoral”, olvidando tomar en cuenta que la diferenciación entre partidos y movimientos está consagrada en la Constitución de la República y en el mismo Código de la Democracia, como es el caso de las normas que asignan fondos públicos a los partidos mientras que a los movimientos políticos no, sino una vez efectuados varios procesos electorales. 

Con bajas expectativas pero con la esperanza de que juezas y jueces, dada su formación profesional, apliquen la Constitución de la República, la Ley vigente y se atengan a los principios del derecho público, en agosto del presente año se impugna la controversial Resolución mediante recurso ordinario de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), hoy protagonista del I Congreso Internacional: "El rol del juez electoral en un Estado democrático, Casos emblemáticos y perspectivas al futuro".

Desgraciadamente, la falta de imparcialidad e independencia de los órganos jurisdiccionales en el país han llegado a las decisiones del TCE, quienes hicieron caso omiso a las peticiones de audiencia de estrado por parte del movimiento político y niega la apelación ratificando en todas sus partes las resoluciones del CNE, violando preceptos constitucionales como el debido proceso; el derecho a la defensa; nullum crimen, nulla poena sine praevia lege e inclusive la norma constitucional y legal que establece la interpretación más favorable en caso de duda.
El TCE no convocó a audiencia oral de juzgamiento a pesar de que este es el procedimiento ordenado por Ley y tomó su decisión final sin haber escuchado a las y los accionantes, negando nuevamente el derecho al debido proceso y el incumplimiento a su deber. Esa sesión fue declarada “reservada” a pesar de que la Constitución expresamente ordena que todas las sesiones de los órganos electorales sean públicas.

Coincidimos en que el rol de las y los jueces electorales es clave para la democracia y el Estado de Derecho, por eso la gravedad de que el TCE del Ecuador no haya estado a la altura de su papel en la construcción y la defensa de la democracia. 

Movimiento Ruptura
@RupturaEc

30 de octubre de 2014

De la reelección indefinida y otras amenazas a la democracia




En unas pocas horas la Corte Constitucional del Ecuador se pronunciará sobre la posible reforma de la Constitución (la segunda desde su vigencia en el 2008). Aunque la reelección indefinida es el tema de mayor preocupación, no es el único que representaría un retroceso en la democracia ecuatoriana.

La reforma incluye -entre otros temas- la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna, retrocesos en los derechos de los trabajadores del Estado, límites a las acciones de protección, restricciones sobre los asuntos que pueden ser llevados a consulta popular, la eliminación de algunas funciones de la Contraloría General y la declaratoria de la comunicación como servicio público con las implicaciones que tiene para el control de contenidos de comunicación que hoy ya se da en el Ecuador.

La Corte Constitucional tiene, otra vez, una gran responsabilidad frente a la democracia y al país; lamentablemente conocemos ya su forma de obrar y quedan pocos ecuatorianos que aún guardan esperanzas de su independencia y seriedad.

Al impulsar esta reforma inconsulta, el Presidente y su gobierno incumplen el pacto que le propusieran a la sociedad a través de la Constitución en el 2008; traicionan una vez más su palabra y las ofertas de democracia y derechos que le hicieran al país.

No es aceptable que pretendan demoler la débil institucionalidad política para satisfacer sus pretensiones de permanencia en el poder y el control total del Estado. Los ciudadanos y ciudadanas debemos resistir este intento y no dejar de soñar y trabajar por un país democrático, plural, libre, como el que merecemos.

3 de julio de 2014

Movimiento Ruptura frente a la decisión ilegal del Consejo Nacional Electoral


A nuestros compañeros y compañeras y a la opinión pública en general,

A través de la prensa y redes sociales acabamos de conocer que el Consejo Nacional Electoral habría decidido “extinguir” la personería jurídica del Movimiento Ruptura, listas 25. Aparentemente –pues aún no hemos sido notificados ni conocemos el texto de la resolución- lo habría hecho argumentando que la organización política no alcanzó el mínimo de votos válidos requeridos en dos elecciones consecutivas.  Esperaremos a ser formalmente notificados para iniciar las acciones legales que nos asisten frente a esta decisión ilegal del Consejo Electoral, pero adelantamos los argumentos que hemos esgrimido ya a pesar de que cada vez parecen importar menos de qué lado se encuentra la razón y la ley:

El Código de la Democracia no contiene norma que obligue a los movimientos políticos nacionales a obtener un porcentaje de votación: El artículo 327 del Código de la Democracia se refiere a los requisitos que deberán obtenerlos partidos políticos nacionales y movimientos políticos locales. No existe requisito que haga referencia a movimiento político nacional. Por un principio básico del derecho –la reserva de ley- no se pueden hacer analogías o interpretaciones extensivas para aplicar una sanción. En estricto sentido no existe requisito para movimiento político nacional.

El Código de la Democracia no establece ninguna consecuencia por la no participación de un movimiento político en un proceso electoral: El Movimiento Ruptura, listas 25, decidió no presentar candidatos en el proceso electoral 2014, por lo tanto no ha tenido dos participaciones electorales sobre las que se pueda exigir el porcentaje mínimo de votación. El Código de la Democracia no impone ninguna sanción o consecuencia por la no presentación a elecciones; el Consejo Nacional Electoral no tiene fundamento legal sobre el cual contar la elección del año 2014 como la segunda participación del Movimiento.

El Consejo Nacional Electoral no puede imponer una sanción que no esté expresamente prevista por una ley: Un principio fundamental del debido proceso, artículo 76, numeral 3, garantiza que nadie podrá ser sancionado por un acto u omisión, que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley (…); ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. El Consejo Nacional Electoral no puede inventar sanciones a través de resolución o reglamento. Hacerlo es inconstitucional.

Frente al vacío legal el Consejo Nacional Electoral debe decidir lo más favorable para la aplicación y el ejercicio de los derechos: Así lo ordena el artículo 11, numeral 5 de la Constitución: los servidores públicos deberán aplicar la norma e interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos.

Frente a la decisión arbitraria y abusiva del Consejo Nacional Electoral corresponden los reclamos y las acciones legales, pero también la indignación de ciudadanos y ciudadanas que vemos el avance de un sistema autoritario y concentrador de poder que lamentablemente tiene cómplices en donde deberían estar los encargados de velar por la democracia y los derechos.

 

Movimiento Ruptura

Quito, 03 de julio de 2014

24 de abril de 2014

Algunas reflexiones sobre el pedido de sanción a programas cómicos en el Ecuador


Algunas reflexiones para el debate actual sobre la solicitud de sanción a programas cómicos nacionales presentada por diferentes organizaciones sociales 

1. Como Movimiento Político hemos expresado en más de una ocasión nuestra preocupación sobre el fortalecimiento de un estado arbitrario, policíaco y censor, reflejados en las lógicas de ejercicio del poder, como el Decreto Ejecutivo 16 (junio del 2013) y la sanción a Pachamama; y en varios cuerpos normativos, como el COIP y su visión de derecho penal máximo, o la Ley de Comunicación y su Superintendencia con facultades que van mucho más allá de lo deseable para garantizar la libertad de expresión e información. 

 2. Como Movimiento Político hemos abanderado desde nuestros orígenes la lucha contra toda forma de discriminación. De manera frontal y decidida asumimos la responsabilidad de poner en el debate público temas “incómodos” al poder, seguramente “impopulares”, y lo hemos hecho con la profunda convicción de que la no discriminación en razón de edad, pertenencia étnica, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra causa, son apuestas que las organizaciones políticas progresistas no podemos eludir. En nuestras filas, muchos compañeros y compañeras reflejan con su vida una apuesta de activismo y lucha por los derechos de estos y otros sectores vulnerados de la sociedad ecuatoriana. 

3. Con la misma convicción con la que defendemos la no discriminación, nos ratificamos en la defensa de la democracia y las libertades, como premisa necesaria para construir esa sociedad incluyente y libre de discrimen, estereotipos y prejuicios que provoca ciudadanos y ciudadanas sin posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos. No creemos que la igualdad y el respeto a la diversidad se construyan a través de castigos o de imposiciones, sino a través del diálogo, el debate y la valoración del otro y la otra. 

4. En este sentido, consideramos que lo que hoy está en juego no es lograr o no una “sanción” a determinados programas televisivos (tampoco conocemos por qué otros de contenidos que podrían ser también estereotipados no están en la lista ni en la solicitud de sanción). No compartimos mucho de su contenido, sus lenguajes, sus relatos. Podemos identificar en ellos contenidos que a través de la reproducción de estereotipos contribuyen al discrimen; sin embargo de eso, velamos porque no sea el criterio de una o un grupo de personas el que se imponga y el que decida sobre las preferencias de sociedad ecuatoriana en su conjunto. En junio de 2009, en un debate similar ocasionado a propósito de la sanción al canal Teleamazonas por el CONARTEL, por la transmisión de la serie “Los Simpson”, nuestra compañera María Paula Romo, en ese momento Asambleísta, escribió al entonces Presidente del organismo de control: “…considero que para una democracia es sano escuchar diversas opiniones y formas de ver la vida, y que resultada inaceptable que todos debamos responder a los valores específicos de unas pocas personas (…)”. Pues de eso se trata precisamente la convivencia democrática y el respeto a la diversidad, y nos pone a prueba cuando reaccionamos frente a discursos, publicaciones o producciones que nos incomodan, que son contrarias a nuestro sistema de valores, opiniones o creencias. 

 5. Es saludable que se abra el debate sobre la calidad de nuestra producción nacional, la responsabilidad de los medios de comunicación, la responsabilidad de la audiencia y las distintas estrategias que como sociedad somos capaces de construir para superar el machismo, la violencia, la homofobia, el racismo, etc. Sin embargo, no participamos de la estrategia de la “censura” y el fortalecimiento de los censores; no se puede precautelar unos derechos conculcando otros y creemos que nuestra democracia hoy necesita de acciones que la fortalezcan, generando movilización social, debate, confrontación de ideas, pluralismo y no acciones que amparadas en una Ley y una autoridad cuestionada terminen imponiendo sobre nuestra sociedad las opiniones de unos pocos. 

Así como los medios de comunicación producen, reproducen y fortalecen imaginarios; el poder político es también pedagogía. No tendremos un Ecuador democrático mientras el Presidente ridiculice y ofenda los postulados de la diversidad sexual y de género (Enlace Ciudadano No. 354, 28 de diciembre de 2013); ni si el Superintendente de Comunicación ataca a las personas que interponen acciones contra la Ley de Comunicación en lugar de aportar al debate (21 de febrero de 2014); ni si los ciudadanos y ciudadanas que buscamos la libertad y los derechos nos olvidamos de nuestras críticas al poder abusivo y arbitrario cuando podemos hacer uso de él para causas que nos parecen legítimas. La democracia y la libertad se construyen con mecanismos más complejos que vigilar y castigar; la Ruptura apuesta por el respeto, el pluralismo, el diálogo y la deliberación pública.  


Movimiento Ruptura, listas 25. 
Quito, 23 de abril de 2014
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