23 de abril de 2015

91 golpes a la seguridad social

16 de abril de 2015
en http://www.ruptura25.com/news/2015/4/16/91-golpes-a-la-seguridad-social

Con 91 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó una de las reformas más radicales al sistema de seguridad social ecuatoriano en los últimos setenta años.

Junto con la reforma que propone cubrir la jubilación de las amas de casa –pretensión legítima y justa, muy antigua, pero que no tendrá efecto sino en 20 años - están cambios que afectarán de forma inmediata a los y las trabajadoras del país; en lo principal: el límite al pago de utilidades y la eliminación del 40% del aporte para pensiones jubilares que el Estado realiza hace décadas.

Utilidades

Distribuir utilidades es el mecanismo más concreto para lograr que el trabajo esté por encima del capital, o para ser exactos, un poco más cerca.  Se basa en la idea de que los trabajadores reciban una parte de la ganancia que su esfuerzo produce. Si se pretende que el trabajo importe tanto como el capital, es inexplicable que se limite lo que puede ganar el dueño de la fuerza de trabajo y no el dueño del capital. Es una medida incoherente con los postulados ideológicos del gobierno y regresiva desde el punto de vista de los derechos conquistados por los trabajadores.

El aporte del Estado para las pensiones jubilares

El sistema ecuatoriano de seguridad social es solidario y tripartito; se sostiene sobre los aportes de Estado, empleadores y empleados. Así lo han entendido por décadas administraciones de diferentes tiendas políticas. El presidente Correa y su bancada legislativa han transformado radicalmente el sistema: el Estado abandona su obligación legal sobre montos concretos y la reemplaza por una declaración general; el Estado garantizará el pago de las pensiones. ¿De cuáles? ¿los pagos que deban hacerse mes a mes? ¿Cómo afecta eso el patrimonio del IESS? ¿El fondo que supuestamente se alimentaba con esos recursos?. No contentos con eliminar la obligación legal de pago del 40%, cuestionan la constitucionalidad y legalidad de la obligación que se ha acumulado en los últimos años. Increíble que lo hagan seis años después de la vigencia de la Constitución y habiendo aceptado la obligación de pago durante tantas ocasiones distintas a través de compromisos firmados por los más altos funcionarios del régimen.

El pago de la deuda del Estado al IESS fue uno de los puntos del plan de gobierno de Rafael Correa; los compromisos de pago y los primeros desembolsos se anunciaron como un hito de la Revolución Ciudadana. La medida legislativa tomada en estos días obedece a las urgencias de financiamiento por las que atraviesa el gobierno nacional y lamentablemente no está ligada a un estudio y una planificación integral para el Instituto de Seguridad Social. El presidente Correa se ha pronunciado también sobre la ineficiencia del IESS, nos preguntamos si desvincular al Estado de esta obligación legal de aportar para las jubilaciones, atiende de alguna manera esta realidad. Es imposible que quiénes han administrado el IESS durante los últimos ocho años reconozcan su ineficiencia sin asumir responsabilidad ni ofrecer soluciones.

El Ecuador requiere, en este como en otros temas, debates y soluciones profundas pensadas para el largo plazo. El gobierno vuelve a ponerse en contradicción con las tesis que le dieron origen, arropado con el poder de controlar los distintos órganos del estado, no está dispuesto a escuchar a nadie que no sea su propia voz, siendo capaz incluso de librar una nueva cruzada entre sus propios militantes y seguidores.

Rechazamos esta decisión y sobretodo rechazamos la forma en que se toma, sin debate con los interesados, sin información suficiente y en medio de las urgencias de una inminente dificultad económica, sin estudios actuariales, sin proyecciones confiables para el futuro. Es momento de profunda preocupación que los caminos democráticos e institucionales se vayan haciendo más pequeños, el reto es encontrar en ellos la forma de resistir este momento duro de la democracia.

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