La noche de ayer la mayoría PSC, PRE, PRIAN y los muy mal llamados “independientes” realizaron la elección del Tribunal Constitucional.
Otra vez el Congreso, entre disputas, apuros y acuerdos en las oficinas del Partido Roldosista, se “repartieron” la designación sin que medie un proceso de investigación sobre los méritos o antecedentes de los futuros vocales.
En algunos casos, la integración de las ternas presentadas fue resultado de una selección responsable, sin embargo en los espacios en que el Congreso pudo intervenir, se produjeron nombramientos como estos:
Manuel Viteri Olvera, claramente vinculado con el PRE (asistió a la fiesta de cumpleaños de Bucaram en Panamá el año pasado), que ya había sido descalificado del proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia. Viteri Olvera es además hermano de madre de Víctor Hugo Sicouret y ha sido amonestado en algunas ocasiones por el Consejo Nacional de la Judicatura.
O peor todavía es el caso de Carlos García Falconí, quien hoy recibe la vocalía del Tribunal Constitucional como reconocimiento por haber formado parte de la Pichi Corte. ¿Será que un cómplice de ese acto inconstitucional puede ser juez de la Constitución?
Pero esto no es una sorpresa. Mientras los partidos políticos sigan optando por el amarre de última hora y permanezcan sordos frente a las demandas ciudadanas, seguirán siendo los dueños de un poder secuestrado desde hace mucho tiempo.
El capítulo del TC nos recuerda la urgencia de una Asamblea Constituyente con una conformación distinta a la del Congreso Nacional.
