La R25 y el TLC

La Ruptura de los 25 sobre la actual discusión alrededor del TLC.

Entendemos que el TLC puede tener un profundo impacto en la estabilidad económica de un Ecuador dolarizado al ser un instrumento potencial para la generación de divisas al país. Comprendemos también que el sector exportador se beneficiaría indiscutiblemente, y que al haber terminado las respectivas negociaciones Colombia y Perú ponen en entredicho los niveles de competitividad e inserción comercial del país. Es indiscutible que el TLC repercutirá en mayor o menor grado (dependiendo de la voluntad política de los gobiernos y congresos de turno) a un proceso reformatorio de las instituciones y leyes que regulan el país; y, que plantea un marco jurídico a través del cual posiblemente atraería mayor inversión extranjera con repercusiones en la transferencia de tecnología para el sector productivo del país.

Sin embargo, la Ruptura de los 25 considera que este tratado de libre comercio no se ha negociado en beneficio del país, se lo inició de una manera improvisada, injusta, excluyente, carente de una estrategia de integración comercial sólida, sin transparencia ni acceso a información. Estas condiciones hacen que el Tratado no sea producto de una “negociación” en estricto sentido y se asemeje más a la imposición de unas condiciones generales para el mantenimiento de beneficios comerciales de los que el Ecuador ya es parte a través del ATPDA.

El TLC ha sido y es negociado de una manera injusta porque reproduce el manejo de información y toma de decisiones por parte de una “élite” intelectual y letrada que considera a la mayoría de los ecuatorianos “ignorantes” en el tema y por tanto un impedimento para avanzar en el proceso de cierre de cada una de las 19 mesas abiertas para el proceso. Es y ha sido excluyente porque no sólo esta élite ha impedido y facilitado el acceso a información de los temas en negociación sino que el equipo negociador representa a un sistema corporativista que vela por sus propios intereses y no por el de la mayoría de los ecuatorianos. Es cuestionable, por ejemplo, el hecho de que el equipo negociador no está integrado por representantes del Estado sino por ciertos sectores productivos que incluso cubren los costos de su trabajo y movilización .

Esta visión de la élite ilustrada versus la población ignorante ha sido reproducida y fortalecida por el enfoque que medios de comunicación y generadores de opinión han expresado en estas semanas.

Un TLC que represente los intereses del Ecuador no significa necesariamente que vele por el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos ni por el desarrollo del país. El Estado ecuatoriano ha mostrado que no defiende los intereses de la mayoría de los ecuatorianos con el TLC, sino que ratifica el apoyo a los grupos corporativos representados en las distintas mesas de negociación - este no es el modelo de toma de decisiones que requiere el país. El TLC en su etapa final de negociación no sólo aborda temas de libre comercio, sino que incluye aspectos que tendrán repercusiones directas en temas de salud pública, conocimientos ancestrales y reservas culturales que no pueden ser negociados como bienes y servicios a partir de una suma y resta de balanzas comerciales.

La forma en que se ha “negociado” este TLC no sólo pone en evidencia este proceso de injusticia, exclusión y predominio de los intereses de las élites ecuatorianas sino que ha demostrado el germen de violencia y estado de división que vive un país con una mayoría de pobres en el cual prevalece una profunda fragmentación y disputa entre oligarquías locales. El TLC ha permitido desnudar la presencia arraigada de grupos de poder que tienen intereses en conflicto con la mayoría de los ecuatorianos.

Las movilizaciones y el enfrentamiento de estas dos últimas semanas son una clara muestra de que no existe un consenso nacional sobre la firma de este Tratado y el país exige ser consultado. La R25 llama a un proceso de diálogo, elemento indispensable para la toma democrática de decisiones. Este diálogo requiere que todas las partes reconozcan al otro como un interlocutor válido, y esas condiciones no pueden crearse mientras se reproduce un discurso racista que deslegitima las movilizaciones. Imponer un tratado sin consulta alguna es otra forma de violencia que exacerba la fragmentación ya existente en el país. Es rol fundamental de los ciudadanos y ciudadanas, de los actores políticos, así como del Estado, no del gobierno de turno ni los diputados, el crear los mecanismos para que el TLC sea una decisión que beneficie al país en su conjunto.

La negociación del TLC tampoco es una prueba de resistencia. Es una oportunidad más para entender que carecemos de un modelo de desarrollo y agenda país; que cuando invitamos a EEUU a negociar nunca estuvimos seguros de lo que queríamos y por lo tanto lo iniciamos de manera irresponsable y mal planificada; que temas como la institucionalidad democrática, la salud y educación pública, las normas de competencia, el contrabando, o doble contabilidad empresarial entre otros, son temas de agenda interna sin resolver; que la negociación hasta ahora ha sido incapaz de proteger sectores sensibles para el país; que se ha permitido presiones adicionales alrededor de temas que nunca debieron vincularse o condicionarse por tratarse de áreas distintas a las de la negociación (la defensa de contratos petroleros ejemplo); que firmar un TLC no puede ser simplemente permitir que se nos imponga una agenda sin cuestionar primero si preferimos o no un sistema multilateral, o una distinta alineación en la geopolítica mundial.

El TLC establece una relación no solo comercial, con un aliado que a nombre de la paz impone la guerra y a nombre del desarrollo no firma los acuerdos internacionales ni cree en los derechos humanos. No es esa la alineación que deseamos para el Ecuador. Es un ejercicio de reconocer por quién y para quién se negocia, el establecer qué posición ocupamos en un proceso de mundialización cada día más arraigado y profundo, demanda reconocer la división del país, el control de sus élites, la falta de Estado e instituciones, y por último la carencia de prácticas democráticas en un Estado cooptado por grupos económicos y políticos preocupados por sus propios intereses y no los que el país y los ecuatorianos y ecuatorianas necesitan.

El TLC nos ha permitido entender lo crítico y necesario que es un pacto social; lo indispensable que es el tema agrícola, el desarrollo rural, y la propiedad intelectual; que es fundamental generar esquemas de equidad que permitan distribuir la riqueza y el poder; que requerimos modificar nuestras instituciones (aduanas, MICIP, CORPEI, INIAP, IEPI); que necesitamos una reconversión del agro, modernización y una estructura productiva que nos lleve hacia, por ejemplo, la oferta de productos de valor agregado, marca país y mercados orgánicos; y que las distintas regiones del país tenemos nuevamente visiones y expresiones distintas de crecimiento y desarrollo.

Sin las movilizaciones de esta semana, el país no se habría puesto a discutir y exigir mayor información sobre el TLC. La R25 saluda este esfuerzo y reconoce esta forma de resistencia del pueblo indígena frente a un proceso claramente antidemocrático.

Demandamos que se tome en cuenta al Ecuador en su conjunto y se inicie el trabajo de construcción de una agenda nacional con el tema productivo como eje principal para el desarrollo y crecimiento del país. Para la R25 la consulta sobre el TLC es una forma constitucional y democrática de tomar esta decisión y también el único mecanismo posible para que se nos informe claramente sobre el contenido del tratado y sus impactos.