Funcionarios de gobierno, ministros,
asambleístas,
se han mostrado indignados frente a las protestas de estos días en la ciudad de
Quito. Más allá de los temas que se han convertido en el detonante en la
capital y otros lugares del país (impuestos confiscatorios que merecen su
propio análisis), los dirigentes del movimiento de gobierno no pueden
reaccionar con semejante sorpresa cuando han bloqueado sistemáticamente todos
los mecanismos institucionales para procesar los conflictos y las diferencias.
La democracia es precisamente la forma de confrontar y procesar pacífica
(y racionalmente) los conflictos en una sociedad. Lo que hemos visto en estos
últimos años es el intento de imponer una visión reduccionista de la
democracia: “somos más”. La democracia asimilada a la regla de mayorías, más la
institucionalidad cooptada, cómplice, complaciente.
Es larguísima la lista de ejemplos de herramientas democráticas,
legítimas, legales que se han emprendido y que han sido negadas y bloqueadas
desde el gobierno: la
consulta de los Yasunidos, las distintas
iniciativas para llevar a consulta
popular el tema de la reelección indefinida, la negativa para la consulta
Íntag o al sólo intento de poner en debate
lo relativo al Bloque 31; el bloqueo de todos los intentos de emprender un
proceso de revocatoria
del mandato en contra de los asambleístas de gobierno; la disolución ilegal de partidos
políticos; la persecución de organizaciones, dirigentes, observatorios,
cuando interponen una denuncia; el acoso a los críticos ya sea a través de la
Policía (Caravana
Climática), a través
de los medios de comunicación o en
redes sociales; o simplemente la imposibilidad absoluta de recibir
protección por parte de un sistema
judicial tomado por el Ejecutivo.
Lo que pasa en estos días no puede mirarse de forma aislada, es
exactamente lo que tenía que suceder luego de llevar al extremo el control, la
represión, la vigilancia. Es lo que pasa cuando terminan –en la práctica- con
las vías institucionales o cuando ya no existe ninguna confianza en ellas. Si
nos quitan los recursos judiciales, los medios de comunicación, las
organizaciones de sociedad civil, los partidos y movimientos políticos, la
consulta popular, la posibilidad de revocatoria del mandato, parecería que sólo
queda la calle, y por supuesto que hay que ocuparla, pero no será suficiente
para reconstruir las herramientas democráticas que se requieren para que el
Ecuador tenga presente y futuro para todos. Vamos a requerir de mucha
organización, reflexión, generosidad política; un esfuerzo por pensar en el
país y evitar que nos gobiernen las pasiones y los odios, que es precisamente
lo que ha llevado al gobierno hasta este punto.
No creemos en la polarización como camino, el gobierno es responsable de
este desfogue democrático y sus consecuencias. Los ecuatorianos debemos
construir propuestas que superen el oportunismo electoral frente al descontento
popular, ahí está el desafío de construir democracia más allá de lo electoral.
