Finalmente y luego de casi dos años de discusiones y presiones de varios frentes internos y externos, el Gobierno Ecuatoriano ha tomado una resolución apegada al Derecho y en ejercicio de lo que le manda la Constitución: cumplir y hacer cumplir las leyes. La seguridad jurídica también se materializa cuando las grandes compañías extranjeras están sujetas a las consecuencias de los incumplimientos en sus compromisos adquiridos con el Ecuador y lo que manda su legislación interna.
Reconocemos que el Gobierno ha tomado una decisión soberana en el marco de sus atribuciones legales y apoyamos esta resolución. Aspiramos a que tanto el traspaso de activos como el eventual proceso de licitación sea transparente y se acuerde según las últimas reformas a la Ley de Hidrocarburos; es urgente también definir y clarificar los mecanismos con que serán manejados los activos y recursos económicos que se disponen a partir de esta decisión.
Ruptura 25
Foro Urbano
Asamblea de Mujeres de Quito
