Luego del último episodio de una crisis política permanente en el Ecuador durante los últimos diez años; varios sectores en el país nos encontramos debatiendo sobre algunos temas para esta reforma política. El presente documento contiene algunas líneas generales para alimentar el debate desde una perspectiva de nueva izquierda. Hemos construido estas líneas desde los principios que guían nuestra acción y en una lógica colectiva cuya última etapa fue la reunión de los días 2 y 3 de julio en la ciudad de Guayaquil. Allí, sesenta y cinco personas –militantes y simpatizantes de la Ruptura de los 25- de ocho provincias distintas, trabajamos en los temas que plantea este texto.
OBJETIVO DE LA REFORMA POLÍTICA: TRANSFORMAR AL ECUADORDesde nuestra perspectiva, en el Ecuador, debemos trabajar sobre la Reforma del Estado, y pensar en la “reforma política” sólo como herramienta para transformar al Ecuador en un país justo, con una sólida democracia, sin pobreza ni exclusión y con más y mejores oportunidades para todos y todas. Al mismo tiempo entendemos que es momento de concentrarnos en reformas que no se conviertan en parches que van tapando los vacíos del sistema por donde “hace agua” coyunturalmente, es momento de pensar en una reforma integral, en la que engranen las posibilidades de construir un país más equitativo, justo, solidario y soberano.
El debate sobre la reforma política no puede perder de vista que su objetivo es construir un Estado que cumpla con sus roles esenciales:
- Administrar justicia para garantizar así la convivencia pacífica.Entendida esta "administración" como la oportuna intervención en los conflictos entre particulares o entre ciudadanos y el propio Estado para resolver estas diferencias mediante mecanismos no violentos o mediante el uso de la única violencia legítima en democracia: la suya, la del Estado.
A pesar de que permanentemente se cree que la justicia se refiere a los juzgados, la noción debe replantearse en términos de: justicia como equidad.
- Generar condiciones de dignidad.Si bien la paz es una condición fundamental para la vida digna, no podemos negar que miles de otros factores pueden ser los que violenten las posibilidades de dignidad de los hombres y mujeres. Así al Estado le corresponde crear condiciones que aseguren, para todos y todas, acceso a educación de calidad, a servicios de salud, a condiciones dignas de alimentación, vivienda y empleo y a un ambiente sano y libre de violencia.
- Proponer proyectos de cohesión social. Una vez puesta en duda la noción homogenizante de los Estados Nación y, desde el reconocimiento de la riqueza de la diversidad, a los Estados modernos les corresponde buscar nuevos mecanismos de cohesión y nuevos referentes de una identidad siempre dinámica que recree el sentido de comunidad de quienes forman, formamos, parte de ese Estado. En este rol se inscribe la responsabilidad de proponer y construir de forma conjunta proyectos de futuro para las sociedades y los individuos en donde también se vean incluidas las esperanzas, las expectativas y las proyecciones de los propios proyectos de vida.
- Articular las relaciones entre lo local, lo nacional y lo internacional.En un mundo globalizado e interdependiente, uno de los roles de los Estados modernos es articular desde la soberanía y la protección de los derechos de los seres humanos, los vínculos entre lo local y lo nacional de cara a las relaciones con otros países, con órganos supranacionales, organismos multilaterales y otros actores en estas relaciones. El complejo escenario internacional es seguramente una de las mayores amenazas para Estados cada vez más impotentes de participar o incidir sobre las decisiones que tendrán directas repercusiones sobre ellos y sus miembros. Es en esta línea que aún nos queda el desafío de definir la posición del Estado frente a los poderosos, e injustos, mercados de la especulación global.
En un intento por organizar las propuestas, las clasificaremos en dos grupos, el primero engloba las reformas al sistema electoral y el segundo, las reformas al sistema de gobierno.
1. REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL ECUATORIANOOBJETIVOS DE LA REFORMA:
- Mejorar la calidad de la representación y la relación representante – representado.
- Crear un sistema de “juego limpio” en el campo político.
El Sistema Electoral es únicamente el conjunto de reglas mediante las cuales los votos se transforman en escaños para las posiciones de elección pública. El Sistema Electoral comprende las reglas de juego según las cuales los actores políticos acceden democráticamente al poder estatal.
Una serie de reformas "parche", decididas según la conveniencia de los propios partidos políticos para momentos electorales específicos, nos han dado como resultado un sistema electoral "esquizofrénico". Como es fácil comprobar, las distintas normas del sistema tienen objetivos distintos y muchas veces contrarios que terminan distorsionando los resultados de las elecciones populares. Es por esto que la principal prevención al tratar reformas al sistema electoral es que solamente pueden ser efectivas en la medida en que se diseñen e implementen de forma global y coherente para que incidan en todos los espacios del Sistema.
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONALClásicamente, la doctrina diferencia dos tipos de sistemas electorales: los Sistemas de Mayoría y de Representación Proporcional. Aunque distintas combinaciones pueden generar todo tipo de sistemas, esta primera división nos permite señalar lo que consideramos el objetivo del Sistema Electoral.
Los sistemas de Representación Proporcional son aquellos que pretenden una representación más "justa"; una asignación de escaños que se corresponda a la cantidad de votos y, por lo tanto, permita la pluralidad de la representación política.
VOTO: DERECHO IRRENUNCIABLE.En la actualidad una de las mayores dificultades de la democracia ecuatoriana está alrededor de la falta de representatividad. Lo que necesitamos son, entonces, más y mejores vinculaciones con el sistema político que nos permitan designar representantes y fiscalizarlos de forma permanente.
En nuestro país el sufragio universal es el resultado de una serie de conquistas históricas. Lo que en un principio era un privilegio de unos pocos hombres, propietarios de grandes fortunas; fue ampliándose con el voto de otros ciudadanos no propietarios, mujeres, campesinos, indígenas y –finalmente- analfabetos. La obligatoriedad en el ejercicio de este derecho fue el mensaje a través del cual comprobamos que efectivamente éramos parte de este sistema ya excluyente en todas sus prácticas.
En esa dimensión de conquista histórica, de ejercicio democrático, de espacio de igualdad ante la ley y de vinculación con las instituciones democráticas es que debemos seguir manteniendo el voto obligatorio como un derecho irrenunciable para ecuatorianos y ecuatorianas.
EFECTOS PARA EL VOTO NULO.Una de las formas en que ecuatorianos y ecuatorianas han demostrado su inconformidad con las opciones políticas que se nos presentan es el voto nulo. Esta expresión de rechazo debe tener efectos concretos. Proponemos que en los casos en que el voto nulo sea igual o mayor que los votos válidos de la primera candidatura (o de primera o segunda en caso de elecciones presidenciales) la consecuencia sea la inmediata convocatoria a elecciones con prohibición de que se repitan los mismos candidatos que no pudieron superar la votación nula.
NO A LOS DISTRITOS UNINOMINALES Los distritos uninominales (en donde sólo se escoge un representante) son lo que la teoría llama sistemas en que "el que gana, gana todo". Se trata de diseños contrarios a la lógica de la representación proporcional pues en este tipo de distritos sólo quien obtiene el primer lugar obtiene el escaño en disputa. Este mecanismo no sólo que deja fuera las voces de las minorías sino que –numéricamente- quienes quedan excluidos pueden ser un grupo importante (el caso por ejemplo de un candidato que obtiene un 35% seguido de uno con el 34% que siendo una votación casi tan importante no encuentra un espacio de representación en el sistema).
En el Sistema Electoral Ecuatoriano los distritos electorales coinciden con la distribución política del territorio (provincias, cantones, juntas parroquiales rurales) y muchos de estos distritos necesitan mejores mecanismos de asignación, no distritos menores que terminan eliminando las posibilidades de representación proporcional. Algunas provincias, sin embargo, deben revisar sus distritos electorales para que importantes porcentajes de la población puedan escoger a sus representantes. Es el caso de Santo Domingo de los Colorados para la provincia de Pichincha o de Durán o la Puntilla de Santa Elena para la provincia del Guayas. Estos son casos excepcionales que no deben distorsionar la organización territorial del sistema electoral sino que ameritan reformas puntuales (sin dejarlos en ningún caso como distritos uninominales).
JUSTICIA ELECTORAL SIN PARTIDOS POLÍTICOS Lo que hoy conocemos como el Tribunal Supremo Electoral necesita una clara división de funciones en dos órganos distintos. Las dos funciones son: 1) la de administrar justicia en materia electoral y, 2) lo que se refiere a la organización de los procesos electorales en los aspectos administrativos y logísticos. Esta última debe ser una especie de secretaría técnica supervisada por la Contraloría General o la Defensoría del Pueblo, que se activa únicamente en época electoral. Mientras, la Administración de Justicia Electoral debe hacerse dentro del Sistema Judicial, cumpliendo con el principio de unidad jurisdiccional y como una garantía del debido proceso. Dentro del debate sobre la reforma global que requiere el Sistema Judicial podrá decidirse si se necesitan salas especializadas permanentes. De lo contrario, las Cortes Superiores deberían ser la primera instancia en justicia electoral y la Corte Suprema el tribunal de apelación.
PARTIDOS POLÍTICOS Aunque la transformación o la creación de verdaderos partidos políticos sólo podrá ser consecuencia directa de nuevas prácticas y nuevos liderazgos democráticos, creemos necesario implementar ciertos cambios en el Sistema de Partidos Políticos por medio de la Ley, para lograr que estos regresen a cumplir su rol principal, el ser mediadores entre la ciudadanía y el Estado. En ese sentido creemos necesario generar tres cambios radicales en la estructura y funcionamiento de los Partidos Políticos actuales:
DEMOCRATIZAR ELECCIÓN DE DIRIGENTES Y CANDIDATOS /ASPara ello nos parece necesario democratizar los procesos, es decir obligar a los Partidos Políticos a elegir sus cuadros a elección popular mediante elecciones primarias que sean reguladas por el Tribunal Supremo Electoral, así lograremos que la representación mejore la calidad aún por dentro de los citados actores políticos. De la misma forma, los partidos políticos deben tener prácticas democráticas y transparentes para seleccionar a su propia dirigencia local y nacional.
GENERACIÓN DE CUADROS Y FORMACIÓN DE LA MILITANCIAUno de los mayores problemas con los que se ha enfrentado el Sistema de Partidos en el Ecuador es la falta de cuadros que reemplacen a los eternos líderes de las agrupaciones políticas actuales. Creemos que es necesario crear incentivos en la ley de Partidos Políticos para que estos se vean reforzados por la creación de una carrera política que genere cuadros en la participación desde lo local hasta lo nacional. Este objetivo puede conseguirse con procesos de formación bien estructurados, con el objetivo claro de generar nuevos liderazgos en el Sistema de Partidos del Ecuador.
Este factor logrará que la ideología de cada partido sea trabajada y contrastada con las que cada persona lleva a cada tienda política, así esta podrá ser constituida como colectiva, y no se quedará como letra muerta en los empolvados libros constitutivos del Partido.
RENDICIÓN DE CUENTASLa rendición de cuentas debe comenzar por dentro en los Partidos Políticos, por lo que se deben implementar los mecanismos para que el manejo de fondos no solamente esté controlado en época de elecciones, sino que deben existir las facilidades para que los organismos de control pertinentes regulen el flujo de dinero dentro de los Partidos Políticos permanentemente. Esto va íntimamente relacionado con que no puedan ser los mismos Partidos Políticos los que se regulan a sí mismos.
INCENTIVOS PARA ALIANZAS Y COALICIONESLo que hoy se reduce al diseño de barreras de entrada y salida del padrón electoral, debe convertirse en un conjunto de normas que incentiven la creación de alianzas y coaliciones entre partidos y movimientos políticos. Se trata de una práctica democrática para combatir la gran fragmentación sin acudir a propuestas totalitarias que pretendan limitar la participación política.
Creemos en la necesidad de cambiar el Sistema de Gobierno en el Ecuador hacia uno que incentive la cooperación entre los poderes Legislativo y no incentive la pugna como visibilización mayor entre opositores. En ese criterio es necesario pensar en un Ejecutivo que tenga la obligación de generar consensos con el Legislativo que cogobierna en los problemas coyunturales o de corto plazo.
CORESPONSABILIDAD EJECUTIVO–LEGISLATIVO: SEMIPRESIDENCIALISMO
Del análisis histórico de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, particularmente en los últimos años, consideramos que es momento de pensar en cambiar el “hiper presidencialismo” que generó la Constitución de 1998, por un Semipresidencialismo en el que se diseñen mecanismos para compartir la responsabilidad de gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo. Uno de los mecanismos podría ser que el Presidente entregue una terna al Congreso para que este elija un Primer Ministro que cumpla funciones de construir acuerdos programáticos y transparentes entre el Presidente y el Congreso Nacional . Este primer ministro podría ser vetado por el Parlamento o el Presidente y es por eso que sus acciones deben generar consensos y no contiendas como en la actualidad observamos en cada decisión de los dos poderes del Estado.
En caso de crisis sería el fusible que da un giro de timón tanto en el Parlamento como en el Presidente, con la ventaja de que con él no se parasen los procesos alargo plazo que lleva acabo el Presidente electo.
El Presidente y los congresistas seguirán siendo electos directamente, y el Primer ministro tras el acuerdo entre Parlamento y Presidente.
DIPUTADOS NACIONALES
El parlamento debe tener nuevamente la figura de diputados Nacionales que sena elegidos por todo el país. Además de retomar la idea de la representación de carácter nacional y la necesidad de legislar con visión de país, la existencia de diputados nacionales permitirá de
REPRESENTACIÓN: PROBLEMA DE CALIDAD, NO CANTIDAD
Si bien en el Ecuador, por la poca credibilidad del Congreso Nacional, se discute sobre la necesidad de reducir el número de representantes, ese no es el problema de fondo. Debemos buscar una representación de calidad más allá del debate sobre la cantidad. Esta es una responsabilidad de los partidos políticos al proponernos candidatos, de la Corte Electoral al sancionar las candidaturas que no son resultado de la militancia y, por supuesto, de los votantes que debemos elegir cada vez con mejores criterios y permanecer vigilantes de la acción de estos representantes.
De la misma forma es necesario diseñar un nuevo Congreso Nacional, con mecanismos claros de transparencia, rendición de cuentas y comunicación directa con la ciudadanía.
AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN CON SOLIDARIDAD
NO AUTONOMÍAS MUNICIPALES
Las características y potencialidades de las distintas regiones del país y, al mismo tiempo, un Estado Central que se ha mostrado incapaz de responder a las necesidades particulares del país; nos exigen un debate urgente que reforme no sólo los mecanismos de administración de lo público, sino incluso la división político administrativa en el país.
Siguiendo el principio de la solidaridad debemos pensar en un sistema de descentralización y autonómico que no podrá ser municipal. En el Ecuador son muy pocos los municipios que podrían asumir un proceso de estas características. Las grandes ciudades y los polos de desarrollo del país deberán respaldar y acompañar a municipios más pequeños y con menos recursos.
A través de una concertación nacional es urgente definir las atribuciones y responsabilidades del Gobierno Central y los gobiernos locales, pero al mismo tiempo es indispensable crear incentivos para la fusión de pequeños cantones y la mancomunidad entre provincias de tal forma que se fortalezcan las capacidades y las posibilidades de éxito de todos los sectores del país.
Entre las obligaciones a las que no puede renunciar el Estado Central, en la línea de ser un Estado Social de Derecho son –entre otras-: El Sistema de Seguridad Social, la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas y Policía Nacional), el Registro Civil, el manejo de las relaciones internacionales y la representación del Ecuador en la comunidad internacional, algunos aspectos de la recaudación tributaria y –por consiguiente- de redistribución de riqueza, la coordinación del sistema educativo nacional, el manejo de la deuda pública y la propiedad, cuidado y gestión de los recursos naturales (petróleo, agua, bosques, reservas ecológicas, etc.).
Teniendo claros los conceptos de solidaridad y el objetivo de preservar un proyecto nacional, deberán crearse los mecanismos para hacer efectivo este proceso. Un Estado descentralizado o con Comunidades Autónomas requiere todavía más solidez en las instituciones democráticas y, sobretodo, un Tribunal Constitucional con plena capacidad para dirimir conflictos de competencias y evitar que el proceso descentralizador o autonómico amenace la estabilidad nacional o la supervivencia del Estado.
