en http://www.ruptura25.com/news/2015/4/16/91-golpes-a-la-seguridad-social
Con 91 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó una de las reformas más radicales al sistema de seguridad social ecuatoriano en los últimos setenta años.
Junto con la reforma que
propone cubrir la jubilación de las amas de casa –pretensión legítima y
justa, muy antigua, pero que no tendrá efecto sino en 20 años - están
cambios que afectarán de forma inmediata a los y las trabajadoras del
país; en lo principal: el límite al pago de utilidades y la eliminación
del 40% del aporte para pensiones jubilares que el Estado realiza hace
décadas.
Utilidades
Distribuir
utilidades es el mecanismo más concreto para lograr que el trabajo esté
por encima del capital, o para ser exactos, un poco más cerca. Se basa
en la idea de que los trabajadores reciban una parte de la ganancia que
su esfuerzo produce. Si se pretende que el trabajo importe tanto como
el capital, es inexplicable que se limite lo que puede ganar el dueño de
la fuerza de trabajo y no el dueño del capital. Es una medida
incoherente con los postulados ideológicos del gobierno y regresiva
desde el punto de vista de los derechos conquistados por los
trabajadores.
El aporte del Estado para las pensiones jubilares
El
sistema ecuatoriano de seguridad social es solidario y tripartito; se
sostiene sobre los aportes de Estado, empleadores y empleados. Así lo
han entendido por décadas administraciones de diferentes tiendas
políticas. El presidente Correa y su bancada legislativa han
transformado radicalmente el sistema: el Estado abandona su obligación
legal sobre montos concretos y la reemplaza por una declaración general;
el Estado garantizará el pago de las pensiones. ¿De cuáles? ¿los pagos
que deban hacerse mes a mes? ¿Cómo afecta eso el patrimonio del IESS?
¿El fondo que supuestamente se alimentaba con esos recursos?. No
contentos con eliminar la obligación legal de pago del 40%, cuestionan
la constitucionalidad y legalidad de la obligación que se ha acumulado
en los últimos años. Increíble que lo hagan seis años después de la
vigencia de la Constitución y habiendo aceptado la obligación de pago
durante tantas ocasiones distintas a través de compromisos firmados por
los más altos funcionarios del régimen.
El
pago de la deuda del Estado al IESS fue uno de los puntos del plan de
gobierno de Rafael Correa; los compromisos de pago y los primeros
desembolsos se anunciaron como un hito de la Revolución Ciudadana. La
medida legislativa tomada en estos días obedece a las urgencias de
financiamiento por las que atraviesa el gobierno nacional y
lamentablemente no está ligada a un estudio y una planificación integral
para el Instituto de Seguridad Social. El presidente Correa se ha
pronunciado también sobre la ineficiencia del IESS, nos preguntamos si
desvincular al Estado de esta obligación legal de aportar para las
jubilaciones, atiende de alguna manera esta realidad. Es imposible que
quiénes han administrado el IESS durante los últimos ocho años
reconozcan su ineficiencia sin asumir responsabilidad ni ofrecer
soluciones.
El Ecuador requiere, en
este como en otros temas, debates y soluciones profundas pensadas para
el largo plazo. El gobierno vuelve a ponerse en contradicción con las
tesis que le dieron origen, arropado con el poder de controlar los
distintos órganos del estado, no está dispuesto a escuchar a nadie que
no sea su propia voz, siendo capaz incluso de librar una nueva cruzada
entre sus propios militantes y seguidores.
Rechazamos
esta decisión y sobretodo rechazamos la forma en que se toma, sin
debate con los interesados, sin información suficiente y en medio de las
urgencias de una inminente dificultad económica, sin estudios
actuariales, sin proyecciones confiables para el futuro. Es
momento de profunda preocupación que los caminos democráticos e
institucionales se vayan haciendo más pequeños, el reto es encontrar en
ellos la forma de resistir este momento duro de la democracia.
