En unas pocas horas la Corte
Constitucional del Ecuador se pronunciará sobre la posible reforma de la
Constitución (la segunda desde su vigencia en el 2008). Aunque la reelección indefinida
es el tema de mayor preocupación, no es el único que representaría un retroceso
en la democracia ecuatoriana.
La reforma incluye -entre otros
temas- la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad
interna, retrocesos en los derechos de los trabajadores del Estado, límites a
las acciones de protección, restricciones sobre los asuntos que pueden ser
llevados a consulta popular, la eliminación de algunas funciones de la
Contraloría General y la declaratoria de la comunicación como servicio público
con las implicaciones que tiene para el control de contenidos de comunicación
que hoy ya se da en el Ecuador.
La Corte Constitucional tiene, otra
vez, una gran responsabilidad frente a la democracia y al país; lamentablemente
conocemos ya su forma de obrar y quedan pocos ecuatorianos que aún guardan
esperanzas de su independencia y seriedad.
Al impulsar esta reforma
inconsulta, el Presidente y su gobierno incumplen el pacto que le propusieran a
la sociedad a través de la Constitución en el 2008; traicionan una vez más su
palabra y las ofertas de democracia y derechos que le hicieran al país.
No es aceptable que pretendan
demoler la débil institucionalidad política para satisfacer sus pretensiones de
permanencia en el poder y el control total del Estado. Los ciudadanos y
ciudadanas debemos resistir este intento y no dejar de soñar y trabajar por un
país democrático, plural, libre, como el que merecemos.
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