Movimiento Ruptura frente a la decisión ilegal del Consejo Nacional Electoral

A nuestros compañeros y compañeras y a la opinión pública en general,

A través de la prensa y redes sociales acabamos de conocer que el Consejo Nacional Electoral habría decidido “extinguir” la personería jurídica del Movimiento Ruptura, listas 25. Aparentemente –pues aún no hemos sido notificados ni conocemos el texto de la resolución- lo habría hecho argumentando que la organización política no alcanzó el mínimo de votos válidos requeridos en dos elecciones consecutivas.  Esperaremos a ser formalmente notificados para iniciar las acciones legales que nos asisten frente a esta decisión ilegal del Consejo Electoral, pero adelantamos los argumentos que hemos esgrimido ya a pesar de que cada vez parecen importar menos de qué lado se encuentra la razón y la ley:

El Código de la Democracia no contiene norma que obligue a los movimientos políticos nacionales a obtener un porcentaje de votación: El artículo 327 del Código de la Democracia se refiere a los requisitos que deberán obtenerlos partidos políticos nacionales y movimientos políticos locales. No existe requisito que haga referencia a movimiento político nacional. Por un principio básico del derecho –la reserva de ley- no se pueden hacer analogías o interpretaciones extensivas para aplicar una sanción. En estricto sentido no existe requisito para movimiento político nacional.

El Código de la Democracia no establece ninguna consecuencia por la no participación de un movimiento político en un proceso electoral: El Movimiento Ruptura, listas 25, decidió no presentar candidatos en el proceso electoral 2014, por lo tanto no ha tenido dos participaciones electorales sobre las que se pueda exigir el porcentaje mínimo de votación. El Código de la Democracia no impone ninguna sanción o consecuencia por la no presentación a elecciones; el Consejo Nacional Electoral no tiene fundamento legal sobre el cual contar la elección del año 2014 como la segunda participación del Movimiento.

El Consejo Nacional Electoral no puede imponer una sanción que no esté expresamente prevista por una ley: Un principio fundamental del debido proceso, artículo 76, numeral 3, garantiza que nadie podrá ser sancionado por un acto u omisión, que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley (…); ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. El Consejo Nacional Electoral no puede inventar sanciones a través de resolución o reglamento. Hacerlo es inconstitucional.

Frente al vacío legal el Consejo Nacional Electoral debe decidir lo más favorable para la aplicación y el ejercicio de los derechos: Así lo ordena el artículo 11, numeral 5 de la Constitución: los servidores públicos deberán aplicar la norma e interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos.

Frente a la decisión arbitraria y abusiva del Consejo Nacional Electoral corresponden los reclamos y las acciones legales, pero también la indignación de ciudadanos y ciudadanas que vemos el avance de un sistema autoritario y concentrador de poder que lamentablemente tiene cómplices en donde deberían estar los encargados de velar por la democracia y los derechos.

 

Movimiento Ruptura

Quito, 03 de julio de 2014

Algunas reflexiones sobre el pedido de sanción a programas cómicos en el Ecuador

Algunas reflexiones para el debate actual sobre la solicitud de sanción a programas cómicos nacionales presentada por diferentes organizaciones sociales 

1. Como Movimiento Político hemos expresado en más de una ocasión nuestra preocupación sobre el fortalecimiento de un estado arbitrario, policíaco y censor, reflejados en las lógicas de ejercicio del poder, como el Decreto Ejecutivo 16 (junio del 2013) y la sanción a Pachamama; y en varios cuerpos normativos, como el COIP y su visión de derecho penal máximo, o la Ley de Comunicación y su Superintendencia con facultades que van mucho más allá de lo deseable para garantizar la libertad de expresión e información. 

 2. Como Movimiento Político hemos abanderado desde nuestros orígenes la lucha contra toda forma de discriminación. De manera frontal y decidida asumimos la responsabilidad de poner en el debate público temas “incómodos” al poder, seguramente “impopulares”, y lo hemos hecho con la profunda convicción de que la no discriminación en razón de edad, pertenencia étnica, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra causa, son apuestas que las organizaciones políticas progresistas no podemos eludir. En nuestras filas, muchos compañeros y compañeras reflejan con su vida una apuesta de activismo y lucha por los derechos de estos y otros sectores vulnerados de la sociedad ecuatoriana. 

3. Con la misma convicción con la que defendemos la no discriminación, nos ratificamos en la defensa de la democracia y las libertades, como premisa necesaria para construir esa sociedad incluyente y libre de discrimen, estereotipos y prejuicios que provoca ciudadanos y ciudadanas sin posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos. No creemos que la igualdad y el respeto a la diversidad se construyan a través de castigos o de imposiciones, sino a través del diálogo, el debate y la valoración del otro y la otra. 

4. En este sentido, consideramos que lo que hoy está en juego no es lograr o no una “sanción” a determinados programas televisivos (tampoco conocemos por qué otros de contenidos que podrían ser también estereotipados no están en la lista ni en la solicitud de sanción). No compartimos mucho de su contenido, sus lenguajes, sus relatos. Podemos identificar en ellos contenidos que a través de la reproducción de estereotipos contribuyen al discrimen; sin embargo de eso, velamos porque no sea el criterio de una o un grupo de personas el que se imponga y el que decida sobre las preferencias de sociedad ecuatoriana en su conjunto. En junio de 2009, en un debate similar ocasionado a propósito de la sanción al canal Teleamazonas por el CONARTEL, por la transmisión de la serie “Los Simpson”, nuestra compañera María Paula Romo, en ese momento Asambleísta, escribió al entonces Presidente del organismo de control: “…considero que para una democracia es sano escuchar diversas opiniones y formas de ver la vida, y que resultada inaceptable que todos debamos responder a los valores específicos de unas pocas personas (…)”. Pues de eso se trata precisamente la convivencia democrática y el respeto a la diversidad, y nos pone a prueba cuando reaccionamos frente a discursos, publicaciones o producciones que nos incomodan, que son contrarias a nuestro sistema de valores, opiniones o creencias. 

 5. Es saludable que se abra el debate sobre la calidad de nuestra producción nacional, la responsabilidad de los medios de comunicación, la responsabilidad de la audiencia y las distintas estrategias que como sociedad somos capaces de construir para superar el machismo, la violencia, la homofobia, el racismo, etc. Sin embargo, no participamos de la estrategia de la “censura” y el fortalecimiento de los censores; no se puede precautelar unos derechos conculcando otros y creemos que nuestra democracia hoy necesita de acciones que la fortalezcan, generando movilización social, debate, confrontación de ideas, pluralismo y no acciones que amparadas en una Ley y una autoridad cuestionada terminen imponiendo sobre nuestra sociedad las opiniones de unos pocos. 

Así como los medios de comunicación producen, reproducen y fortalecen imaginarios; el poder político es también pedagogía. No tendremos un Ecuador democrático mientras el Presidente ridiculice y ofenda los postulados de la diversidad sexual y de género (Enlace Ciudadano No. 354, 28 de diciembre de 2013); ni si el Superintendente de Comunicación ataca a las personas que interponen acciones contra la Ley de Comunicación en lugar de aportar al debate (21 de febrero de 2014); ni si los ciudadanos y ciudadanas que buscamos la libertad y los derechos nos olvidamos de nuestras críticas al poder abusivo y arbitrario cuando podemos hacer uso de él para causas que nos parecen legítimas. La democracia y la libertad se construyen con mecanismos más complejos que vigilar y castigar; la Ruptura apuesta por el respeto, el pluralismo, el diálogo y la deliberación pública.  

Movimiento Ruptura, listas 25. 

Quito, 23 de abril de 2014

Los #Yasunidos no están solos!

La zona conocida como ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní, no sólo concentra la mayor biodiversidad del planeta sino que también es el hogar de pueblos en aislamiento voluntario, cuya vida y autodeterminación debemos proteger por principio y por mandato de la Constitución. En un intento por evitar la explotación petrolera en este territorio, cientos de hombres y mujeres -en su mayoría jóvenes- han desplegado un gran esfuerzo y están a punto de demostrar las adhesiones suficientes para activar una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano se pronuncia sobre la decisión de explotar el ITT. Luego de la irresponsable respuesta de la Corte Constitucional (que decidió posponer su pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la pregunta que se someterá a consulta) hoy vemos con sorpresa e indignación que el Presidente del Consejo Nacional Electoral, ha anunciado que sólo se revisarán las firmas que se encuentren recogidas en "formato A4" en lo que parece ser un nuevo argumento para evitar la consulta. Pronunciamientos como este, desde quien debe velar por la democracia y la participación, son inaceptables y se oponen a un claro mandato constitucional: el no sacrificar justicia por formalidades. El Movimiento Ruptura expresa su solidaridad con la plataforma Yasunidos y una invitación a que todos permanezcamos vigilantes y no dejemos solos a quienes han tenido la tenacidad de impulsar esta iniciativa.

Nuestra preocupación y solidaridad por lo que sucede en Venezuela (febrero 2014)

Miramos con preocupación lo que sucede en el hermano país de Venezuela y mostramos nuestra solidaridad con su pueblo. Como movimiento político rechazamos intentos de desestabilizar gobiernos elegidos democráticamente, y más aún tomando en cuenta la existencia de métodos constitucionales en los que los ciudadanos pueden canalizar su insatisfacción con los gobiernos de turno. La violencia empleada por algunos de los manifestantes de la oposición venezolana es reprochable; sin embargo, el hecho de que el gobierno responda a través del abuso de la fuerza de su aparato armado, no sólo es reprochable, sino imperdonable, además de ser una clara violación a los derechos humanos fundamentales que todo Estado debe proteger. Cada abuso cometido por las fuerzas del orden representa una grieta más en la legitimidad del gobierno venezolano. La posición desafiante del presidente Nicolás Maduro es un golpe directo contra los principios democráticos que deben guiar a toda nación contemporánea, y mancilla el nombre de las luchas sociales llevadas a cabo por grupos de izquierda. Exhortamos al gobierno venezolano a que escuche las demandas y necesidades de la ciudadanía, que abra el diálogo con los sectores sociales y que revise las políticas económicas que agobian a un amplio sector de la población. La democracia es una práctica cotidiana y un principio fundamental para el ejercicio de la libertad y de los derechos humanos. Guayaquil febrero 2014

Ruptura no presentará candidatos el 2014

El movimiento RUPTURA, listas 25, no presentará candidatos en ninguna circunscripción electoral para las elecciones seccionales 2014

Aún antes de constituirnos formalmente como Movimiento, quienes emprendimos la tarea de construir, no sólo organización política, sino una aternativa democrática y progresista frente a los problemas estructurales del país, identificamos que muchas de las distorsiones de la política estaban vinculadas al diseño del sistema electoral. Planteamos entonces la necesidad de varias reformas: reglas claras y que no se alteren en cada elección;  prohibición efectiva del uso de recursos públicos con fines electorales; estricto control a los mecanismos de financiamiento de las organizaciones políticas y las campañas electorales;  una autoridad electoral independiente de los movimientos y partidos; el financiamiento igualitario que permita acceder a los medios masivos de comunicación; entre otras.

Muchas de esas aspiraciones se plasmaron en la Constitución de Montecristi y hoy, cinco años después, comprobamos con impotencia que no sólo no son efectivas sino que en algunos casos nos enfrentamos a problemas todavía más serios.

A estas condiciones, o mejor dicho, falta de condiciones institucionales debemos añadir el hecho de que las próximas elecciones son seccionales, es decir elegiremos juntas parroquiales, alcaldes, concejales y prefectos, en un momento en que gran parte de los actores políticos parecen haber decidido hacer abstracción de la política nacional, sumar sus opciones electorales con independencia de sus posturas –o la falta de ellas- frente a los graves asuntos de la política nacional que sin duda los afectan. Si añadimos a esto la práctica del gobierno nacional de condicionar su respaldo a los territorios a la incondicionalidad política de los representantes, surge la pregunta sobre la relevancia de estar en esta elección frente a la opción de concentrar esfuerzos en asuntos nacionales vitales.

En conclusión, con las elecciones convocadas notamos los siguientes vacíos que –a nuestro parecer- confluyen en la idea del partido único y el Estado como partido, que poco a poco va perfeccionándose en el Ecuador:

• No existen responsables ni conclusiones sobre el penoso episodio de las “firmas” para inscribir organizaciones políticas que tanto daño le hizo al naciente sistema;
• No hay control sobre el gasto pre electoral del Estado, en sus distintos niveles, ni de las organizaciones políticas;
• No hay norma en el Código de la Democracia sobre el porcentaje de votación que se requiere de los movimientos nacionales para su permanencia en el padrón;
• No hay pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral sobre la forma en que se calculará el porcentaje de votación obtenido en las elecciones anteriores con el fin de definir “votación nacional en elecciones pluri personales”.

En un escenario de tan alta incertidumbre, consideramos que la participación de organizaciones como la nuestra: sin la fuerza de los recursos económicos privados o públicos sin control, no alcanza a ser más que la legitimación de un lamentable episodio de la vida nacional.  En casos de excepción, algunos de nuestros compañeros y compañeras participarán –con la debida autorización del movimiento- en candidaturas progresistas con las que mantenemos conversaciones y compromisos anteriores.

Esta decisión nuestra no implica que abandonemos ningún otro espacio de disputa democrática de los que existen: seguiremos discutiendo y ofreciendo alternativas frente a los asuntos públicos;  construyendo ciudadanía informada, deliberante, libre; defendiendo los derechos de hombres y mujeres dignas y la necesidad de un Estado democrático y laico; participaremos en la iniciativa impulsada por diversos sectores para llevar a consulta popular la explotación del ITT; activaremos los débiles mecanismos institucionales y jurisdiccionales para estas causas y, por supuesto, seguiremos fortaleciendo nuestras opciones electorales y exigiendo reglas que permitan esta forma de participación política sin las distorsiones que hoy existen y buscan formas de perpetuarse.

Ruptura anuncia al CNE que no participará en las elecciones del 2014

Ruptura al CNE, octubre 2013 from Maria Romo

El Movimiento Ruptura rechaza la decisión de explotar el Yasuní - ITT

El Movimiento Ruptura rechaza la decisión de explotar el Yasuní - ITT

 

Dado que;

 

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El Parque Nacional Yasuní es único en el mundo. Sobrevivió a la última glaciación convirtiéndose en uno de los siete refugios del pleistosceno, conservando su flora y fauna por más de doce mil años. 

 

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En el Parque Nacional Yasuní viven más de mil trescientas especies animales (596 especies de aves, 268 de peces, 173 de mamíferos, 151 anfibios y 121 de reptiles).

 

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En tan sólo una hectárea del Parque Nacional Yasuní existen tantas especies vegetales como en toda América del Norte y habitan más de 100 mil especies de insectos.

 

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En la zona habitan pueblos en aislamiento voluntario, cuyo territorio está ya cercado y cuya vida y subsistencia está en peligro.

 

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No existe explotación inofensiva. La apertura de pozos, los lodos de explotación, la maquinaria, el ruido, las explosiones, el cemento, los camiones, las tuberías,los helicópteros no son excluyentes a una explotación con buena tecnología o con prácticas empresariales sobresalientes. La explotación a cargo de Petroamazonas no garantiza nada.  

 

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Con ponerle fin a la Iniciativa Yasuní-ITT se pierde la oportunidad histórica de darle una marca-país verde al Ecuador, y poner a nivel mundial la discusión sobre la sostenibilidad y el cambio en el modelo de desarrollo.

 

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No se puede simplificar la discusión en términos de eliminación de pobreza y no es la explotación del Yasuní-ITT lo que sacará al Ecuador de ésta. Es un falso dilema el que afirma que la salud o nutrición de nuestros niños depende de la explotación del Yasuní-ITT.

 

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Si se usaron los derechos de la naturaleza como justificación para incluir ciertas preguntas en la anterior consulta popular, la causa del Yasuní-ITT es igual de legítima e importante.

 

El Movimiento Ruptura rechaza la decisión de explotar el Yasuní-ITT y en Asamblea Nacional del Movimiento, realizada el día sábado 17 de agosto en la ciudad de Ambato,resuelve:

 

1)

Exigir la Asamblea Nacional:

 

b)

Respetar los derechos de los pueblos y la naturaleza y convocar a consulta popular antes de una posible autorización de actividades petroleras en el Bloque ITT, la zona más importante del Parque Nacional Yasuní.

c)

Cumplir y hacer cumplir el artículo 57 de la Constitución del Ecuador que prohíbe las actividades extractivas en las zonas en que habitan pueblos en aislamiento voluntario.

 

 

2)

Exigir  a la Corte Constitucional:

 

a)

Asumir su papel de custodia de la Constitución del Ecuador, que claramente describe como delito de etnocidio la violación a los derechos de no explotación de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario. Los territorios del Bloque ITT, como lo afirma el artículo 57 de la Constitución, son “de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva.”

 

3)

Demandar al Gobierno Nacional:

 

a)

Mantener sus ofertas electorales y respetar la planificación nacional, reflejada en el Plan del Buen Vivir, según el cual el gobierno conduciría al Ecuador a un cambio de matriz productiva y económica, reemplazando el modelo de dependencia petrolera y depredación ambiental.

b)

Propiciar el derecho ciudadano de pronunciarse en las urnas, en una Consulta Popular, para aprobar o no la explotación del Parque Nacional Yasuní-ITT.

c)

Analizar otras medidas presupuestarias que permitan atender las necesidades básicas de los ecuatorianos sin poner en riesgoso territorio más biodiverso del planeta y fuente de recursos no petroleros para el Ecuador.

 

4)

Como movimiento político:

 

a)

Participaremos de los esfuerzos que sectores organizados y ciudadanos realicen para el llamado a consulta popular sobre el tema.

b)

Invitamos a nuestros militantes y simpatizantes al debate, la movilización y la acción; abandonar la iniciativa Yasuní-ITT es renunciar a la idea de un modelo de vida y de desarrollo con mayor justicia y equilibrio, no estamos dispuestos a hacerlo.

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA PREGUNTA DE LA CONSULTA POPULAR

Pregunta 2:

¿Está usted de acuerdo con que las medidas sustitutivas a la privación de libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la Ley, de acuerdo al anexo 2?

El anexo 2:

"Art. 77.1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley."

Que reformaría el artículo vigente de la Constitución que dice:

"Art. 77. 1 La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva".

Análisis

Por: María Paula Romo

Sustituir la palabra “excepcional” por “no será la regla general” en la aplicación de la prisión preventiva, no es ningún cambio significativo. Sólo se evita usar la palabra para excepción, lo cual es efectivamente correcto porque la prisión preventiva es una pena anticipada y por ello necesita siempre de cuidados político-criminales. Muchos países de América Latina, y en especial el Ecuador, han sido sancionados por aplicarla ilegal y arbitrariamente; recordemos los afamados casos Tibi, Suarez Rosero, Acosta o Chaparro Lapo, donde el Estado ecuatoriano ha sido condenado a nivel internacional por incumplir los recaudos que se exigen para su aplicación. Además, el diagnóstico de la cantidad de personas encerradas en las cárceles Latinoamericanas ha develado el abuso de la prisión preventiva, pues la mayoría de los presos no están encerrados por tener sentencia, sino por estar bajo esta medida cautelar.

Por esta razón existen desde siempre las medidas alternativas. No obstante, la pregunta pretende además regularlas de forma equívoca. Por una parte, nuevamente se remite a lo que ya se encuentra legislado; y, por otra, junta las medidas alternativas a las sanciones alternativas, lo cual es una contradicción jurídica, puesto que a una persona procesada no se le pueden establecer sanciones porque aún es inocente. Sin duda es un equívoco que coloca las medidas al mismo nivel de las sanciones alternativas.

ANÁLISIS DE LA PRIMERA PREGUNTA DE LA CONSULTA POPULAR

Por: María Paula Romo

Esta pregunta es innecesaria e incompleta. Es innecesaria porque el Código de Procedimiento Penal vigente ya regula la prohibición de la caducidad de la prisión preventiva cuando ha sido atribuida a maniobras desleales del procesado, pues el inciso sexto del artículo 169 señala que:

“No se considerará, por consiguiente, que ha excedido el plazo de caducidad de prisión preventiva cuando el imputado, por cualquier medio, ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar la caducidad de la prisión preventiva”.

Además, el mismo Art. 169 del Código de Procedimiento Penal, y el Art. 108.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya establecen la responsabilidad y sanciones a los funcionarios judiciales que en el proceso hayan dejado caducar la prisión preventiva.

Por otra parte, si bien la pregunta repite las excepciones a la caducidad de la prisión preventiva por conducta del inculpado o de las autoridades judiciales que se encuentran reguladas, es incompleta porque no prevé la excepción por complejidad del caso, que se encuentra harto difundida en la doctrina de la Corte Europea e Interamericana de Derechos Humanos.

Entonces, ¿cuál es la intención de la pregunta? Ninguna al menos en términos de reforma normativa. Por ello una pregunta de este peso, que interfiere en derechos y garantías del debido proceso, no hace más que formar parte del populismo penal, aquella estrategia que desmantela derechos bajo el discurso de la seguridad en el soterrado poder simbólico de medir popularidad.

En la Consulta Popular:

¡LAS RAZONES DE LA RUPTURA PARA VOTAR NO!

Una campaña de ideas y propuestas

La consulta al pueblo es un mecanismo que debe usarse con responsabilidad y para profundizar la democracia, no para justificar decisiones contrarias a la Constitución y sus principios.

A través de la Consulta propuesta el Presidente ejerce el poder Ejecutivo, el Legislativo, reemplaza al Consejo de Participación Ciudadana y nombraría al Judicial. Esta concentración es exactamente lo contrario de lo que conviene a las democracias.

La consulta encierra un discurso en donde nos hacen escoger entre seguridad y derechos, como si fueran opuestos. El desafío es lograr vivir con seguridad sin  renunciar a los derechos.

Estamos conscientes que la crisis que enfrentamos en seguridad y justicia es sumamente grave. Precisamente por eso, por la responsabilidad con nuestro presente y futuro, las soluciones deben ser integrales y profundas. Esta Consulta posterga el proceso de cambio de la justicia al volver al círculo vicioso de la interferencia política que hemos reclamado en otros gobiernos.

Cuando Ruptura nació y nos preguntábamos sobre las prácticas que había que romper, criticamos duramente a Febres Cordero y sus tanques frente a la Corte. Fuimos implacables contra Gutiérrez y su Pichi Corte. Por eso no podemos repetir los errores del pasado.

La política no es un acto de fe; lo revolucionario en nuestro país es construir instituciones para el presente y el futuro, más allá de los vaivenes políticos.

Por estos y otros motivos que resultan del análisis global de la Consulta y del contenido de cada pregunta, como Ruptura tomamos la decisión de separarnos de PAIS y RESPONDER NO en la Consulta Popular.

Nuestra campaña será comunicar, analizar, debatir, pero sabemos que la Consulta no resolverá los problemas reales del Ecuador y nos parece irresponsable gastar 30 millones de dólares en preguntas sobre temas que no requerían de este procedimiento. En consecuencia, como Ruptura, devolveresmos los fondos públicos asignados a nuestra organización por el Consejo Nacional Electoral. 

El Ecuador necesita de una política coherente, por eso invitamos a todos los actores políticos, a que como nosotros, hagamos esta campaña con argumentos y propuestas, sin fondos públicos.