Con toda convicción nos jugamos por este sueño, asumimos la responsabilidad de los debates y las decisiones. Este proceso ha transformado el país y precisamente para profundizar esa transformación el Presidente no puede excederse en sus funciones. En el ejercicio del poder debemos estar dispuestos a reconocer límites, es por eso que no encontramos justificación a la consulta popular propuesta. Creemos además que las preguntas planteadas no solucionarán ni los problemas de inseguridad que hoy aquejan el país, ni la crisis que vive la Justicia en el Ecuador.
Hoy con gran tristeza anunciamos nuestra separación de Acuerdo País. No nos vamos a la oposición. Seguiremos apoyando todas las decisiones que se encuentren en la línea de la Constitución de Montecristi y la consecución del buen vivir de los ecuatorianos. Claro que el Ecuador necesita cambios profundos, pero esos cambios no pueden hacerse sacrificando derechos y libertades.
La administración de justicia también necesita un cambio radical y no nos cansaremos de trabajar por ello; lo revolucionario, en el Ecuador de hoy, es crear y sostener instituciones. Para la renovación de la justicia nosotros todos diseñamos y defendimos las reglas que están en la Constitución, ese debe ser el camino a seguir. Nos habría gustado tener este debate dentro pero la propuesta no fue discutida en ninguna instancia y lamentablemente la diferencia de ideas se ha convertido en un conflicto dentro de una organización que estaba llamada a ser democrática y respetuosa de la diversidad.
En consecuencia con la decisión del Consejo Nacional de la Ruptura, quienes participamos en el ejercicio del poder Ejecutivo, renunciamos esta mañana a los encargos a nosotros encomendados por el Presidente de la República.
Esta ha sido para nosotros una dura decisión pero los temas de la consulta nos enfrentan a los principios que hemos defendido.
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