La Ruptura de los 25 cree importante que los sectores sociales y políticos, con coincidencias ideológicas, unifiquemos nuestro accionar en torno a los temas de vital importancia para el país, independientemente de las decisiones que tomen el Congreso y el Gobierno Nacional; se requiere levantar un proceso paralelo de deliberación pública y esforzarnos por entender que intereses se juegan detrás de los discursos de micrófonos y tarimas.
Nuestro país se encuentra en medio de una grave crisis institucional, que no podemos desconocer, y a la que debemos darle respuesta desde las organizaciones sociales y políticas, que anhelamos que esta crisis se resuelva por la vía democrática, evitando la dispersión y el secuestro de los grandes anhelos de cambio, por los partidos políticos
La necesaria formulación de un diseño institucional renovado, que evite la manipulación del poder de parte de quienes lo han detentado de manera histórica, y lo democratice motivando mayor participación ciudadana, seguro es una discusión que requerimos realizar para confrontar los intereses de las fuerzas políticas y económicas tradicionales, con los de la mayoría de ecuatorianos. La Asamblea Constituyente se convierte en una necesidad para reformular las reglas de juego de nuestra democracia, de plantearse la reorganización desde su concepción de las instituciones del estado ecuatoriano, para el fortalecimiento del mismo y para que cumpla con sus objetivos, entre los más importantes garantizar los derechos fundamentales a quienes habitamos este país.
Sin embargo, la discusión no puede limitarse a si la Asamblea debe ser Constitucional o Constituyente, sino a los cambios profundos que requiere el país, y a otros temas que por su connotación son de vital importancia para nuestro futuro, por ejemplo: los términos de negociación de los contratos petroleros, la declaración de caducidad del contrato de Occidental, si el Ecuador debe o no firmar el TLC en las actuales condiciones de negociación, o si el Congreso Nacional está moralmente capacitado para aprobar una ley que exonera del impuesto a la renta durante los próximos 12 años a ciertos sectores productivos del país.
La posición que han tomado representantes de los partidos políticos, frente a las organizaciones sociales y políticas que impulsan el proceso de consulta popular, su temor a ella, no son incomprensibles; temen que en la misma se exprese el sentimiento nacional de rechazo y repudio a sus prácticas. Y eso por sí solo nos deja ver que realizarla se convertiría en una nueva victoria de los pueblos que habitan el Ecuador y que la Constituyente es una ruta correcta.
Pero requiere un mayor análisis y discusión el discurso de Palacio de “refundación de la República”, ya que si bien ha realizado el planteamiento de convocar a la Consulta por la Constituyente, por otra parte, da el veto favorable para que se elimine el único mecanismo de redistribución de la riqueza que tenemos. Manifiesta a través de sus ministros su intención de ir a la firma del TLC. Cuando envía una pro forma presupuestaria que no asigna los recursos necesarios para dar impulso por ejemplo: a la universalización del primer año de educación básica que requiere 10 millones de dólares y solo se le asigna 2 millones, olvidando que el tema educativo debe ser una prioridad en la agenda nacional. Para hacer efectiva la “refundación de la República”, el Gobierno Nacional requiere ser mas coherente en la práctica que en los discursos.
Nuestro país se encuentra en medio de una grave crisis institucional, que no podemos desconocer, y a la que debemos darle respuesta desde las organizaciones sociales y políticas, que anhelamos que esta crisis se resuelva por la vía democrática, evitando la dispersión y el secuestro de los grandes anhelos de cambio, por los partidos políticos
La necesaria formulación de un diseño institucional renovado, que evite la manipulación del poder de parte de quienes lo han detentado de manera histórica, y lo democratice motivando mayor participación ciudadana, seguro es una discusión que requerimos realizar para confrontar los intereses de las fuerzas políticas y económicas tradicionales, con los de la mayoría de ecuatorianos. La Asamblea Constituyente se convierte en una necesidad para reformular las reglas de juego de nuestra democracia, de plantearse la reorganización desde su concepción de las instituciones del estado ecuatoriano, para el fortalecimiento del mismo y para que cumpla con sus objetivos, entre los más importantes garantizar los derechos fundamentales a quienes habitamos este país.
Sin embargo, la discusión no puede limitarse a si la Asamblea debe ser Constitucional o Constituyente, sino a los cambios profundos que requiere el país, y a otros temas que por su connotación son de vital importancia para nuestro futuro, por ejemplo: los términos de negociación de los contratos petroleros, la declaración de caducidad del contrato de Occidental, si el Ecuador debe o no firmar el TLC en las actuales condiciones de negociación, o si el Congreso Nacional está moralmente capacitado para aprobar una ley que exonera del impuesto a la renta durante los próximos 12 años a ciertos sectores productivos del país.
La posición que han tomado representantes de los partidos políticos, frente a las organizaciones sociales y políticas que impulsan el proceso de consulta popular, su temor a ella, no son incomprensibles; temen que en la misma se exprese el sentimiento nacional de rechazo y repudio a sus prácticas. Y eso por sí solo nos deja ver que realizarla se convertiría en una nueva victoria de los pueblos que habitan el Ecuador y que la Constituyente es una ruta correcta.
Pero requiere un mayor análisis y discusión el discurso de Palacio de “refundación de la República”, ya que si bien ha realizado el planteamiento de convocar a la Consulta por la Constituyente, por otra parte, da el veto favorable para que se elimine el único mecanismo de redistribución de la riqueza que tenemos. Manifiesta a través de sus ministros su intención de ir a la firma del TLC. Cuando envía una pro forma presupuestaria que no asigna los recursos necesarios para dar impulso por ejemplo: a la universalización del primer año de educación básica que requiere 10 millones de dólares y solo se le asigna 2 millones, olvidando que el tema educativo debe ser una prioridad en la agenda nacional. Para hacer efectiva la “refundación de la República”, el Gobierno Nacional requiere ser mas coherente en la práctica que en los discursos.
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